El Atlanticazo: un pueblo que enfrenta el saqueo y la contaminación

“La ecología sin lucha social es jardinería”
Chico Mendes

El gobierno de Alberto Fernández comenzó mal el año y desató el primer conflicto social enfrentándose a las poblaciones de la costa atlántica debido a la intención de habilitar la exploración y explotación petrolera en el Mar Argentino. Pareciera que la gestión del Frente de Todos no aprendió nada de la capacidad de lucha de nuestro pueblo y del fracaso del proyecto de zonificación minera en Chubut que hizo retroceder al gobernador Arcioni con la instalación de la megaminería luego de la enorme resistencia de los chubutenses.

En un contexto atravesado por el acuerdo del pago de la deuda al FMI, el principal objetivo del gobierno es ofrecer los recursos naturales del país como moneda de intercambio para cancelar la deuda fraudulenta a los socios de Kristalina Giorgieva. Tanto el ministro de Economía Guzmán como el propio Alberto Fernández saben que en la mesa de negociación con el FMI tienen que garantizarle a la burguesía financiera que el pago vendrá de los dólares que deje la “futura” actividad petrolera en el Mar Argentino, el supuesto nuevo boom económico. Algo similar a lo que hizo Cristina Kirchner cuando en plena negociación con los “fondos buitres” abrió la puerta al fracking en Vaca Muerta, a los capitales, sobre todo norteamericanos, con el acuerdo Chevron-YPF.

Por ello, el presidente y su ministro de Ambiente Juan Cabandié pretenden acelerar la política económica impulsada por la gestión de Mauricio Macri desnudando, en los hechos, la continuidad del modelo de Cambiemos. Mal que le pese a la propia tropa peronista y para desazón de las expectativas populares la gestión del Frente de Todos, no ha modificado un ápice la estrategia de saqueo y entrega de las riquezas naturales al capital foráneo aliado con la burguesía local, poniendo en riesgo la vida y el futuro de los pueblos.

La decisión política del ministro de Ambiente Juan Cabandié, quien firmó la resolución 436/2021 que autoriza a la empresa Equinor a realizar exploraciones sísmicas en busca de petróleo a 200 km de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, es el punto final de un proceso que comenzó en el 2019 cuando el gobierno de Cambiemos, desesperado por la “lluvia de capitales”, aprobó el plan de licitación de áreas petroleras en el Mar Argentino. Los grandes beneficiados del acuerdo fueron 13 monopolios de la industria petrolera entre los que podemos encontrar a Equinor, Shell, British Petroleum (BP), ExxonMobil, Totalgas, YPF, Tecpetrol (Techint) y Pluspetrol que se apropiaron de 18 bloques de 225 mil km cuadrados del mar argentino a lo largo del país. Es evidente que para los gobiernos de la clase dominante “incentivar” la inversión extranjera significa lisa y llanamente entregar las reservas naturales del país a la voracidad capitalista y sacrificar los territorios al modelo extractivista inaugurado durante la época menemista con actividades altamente contaminantes como la megaminería y los agrotóxicos de complejo sojero.

Presionado por Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, quienes negocian nuestra soberanía marítima con el FMI, condicionado por el revés de la minería en Chubut en diciembre del 2021 y ante el temor a una posible resistencia popular, Cabandié “apuró” la exploración de yacimientos hidrocarburiferos. Entre gallos y medianoche, aprovechando la temporada de vacaciones, el inepto ministro intentó que la aprobación del informe de impacto ambiental- bastante flojo de papeles- de la empresa Equinor pasara desapercibido. Sin embargo, el ministro de Ambiente cometió el error de subestimar a los pueblos de la costa y desató el vendaval de la movilización popular.

Parece que Cabandié se “olvidó” de que a mediados del 2021 tuvo que congelar momentáneamente el proyecto de explotación de petróleo y gas en la zonas marítimas luego del rechazo mayoritario de la población expresado en la audiencia pública realizada en Mar del Plata y de la propia oposición interna de las bases del Frente de Todos. El pueblo unido no le dió ni le dará la licencia social a la instalación del negocio petrolero. Bajo el lema “UN MAR SIN PETROLERAS” se gestó la unidad popular donde confluyen el movimiento socioambiental, diversos sectores de la industria pesquera, del turismo y la gastronomía, el campo científico y académico. Las comunidades de la Costa Atlántica influenciadas por el éxito de las luchas en defensa del agua y contra la minería en Mendoza y Chubut se levantaron en pie de guerra para enfrentar al modelo productivo que ofrece como alternativa de desarrollo el gobierno ante su incapacidad para resolver los problemas estructurales de la desocupación que afecta a grandes ciudades como Mar del Plata.

La exploración y posible explotación petrolera particularmente en la Cuenca Argentina Norte, históricamente una zona pesquera en una franja vastísima del mar que se extiende desde Mar del Plata hasta Necochea por la empresa noruega Equinor, que opera en Vaca Muerta y tiene un prontuario de derrames petroleros alrededor del mundo (11 casos en 2020) es el puntapié inicial del enfrentamiento entre los monopolios del petróleo y los pueblos cuya actividad principal es la pesca y el turismo. La zona que tiene permitido explorar la empresa Equinor se superpone con el llamado “frente Talud” identificado como una posible área marina protegida por ser el principal corredor biológico del mar argentino con una alta productividad de peces que habitan el mar y de alimentación de la ballena franca-austral, monumento natural desde 1984. Esas zonas ricas en fauna animal y, por ende, el pan de cada día de la industria pesquera corren un grave riesgo debido al uso de la técnica utilizada para encontrar yacimientos bajo el lecho marino que tiene efectos negativos sobre los animales marinos pues provoca el desplazamiento de sus hábitats naturales, la disminución en la búsqueda de alimento y el consecuente riesgo de la caída de la reproducción de los peces. En el futuro, la explotación petrolera intensiva del mar agravaría las condiciones de vida de la fauna marina, principal sostén de los pueblos costeros, amén de la exposición permanente a derrames y catástrofes ambientales. La disputa por el control de los recursos del mar argentino expresa, por otra parte, la lucha de las economías regionales autóctonas por mantener sus formas tradicionales de vida resistiendo a la apropiación de los recursos por parte del capital más concentrado, por ende más poderoso y representado por la industria petrolera cuyo único afán es aumentar sus ganancias. En la costa atlántica en general la actividad predominante es la pesca que junto con el turismo genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Miles y miles de personas viven de lo que generan esas actividades. Su identidad y tradición como pueblo está ligada a ese modelo productivo. El peligro de la instalación del modelo petrolero en la costa atlántica supone para los pobladores la destrucción de su existencia futura. Es la lucha del pueblo contra la imposición del modelo petrolero.

Los vecinos de Villa Gessell, Necochea, Bahía Blanca, Miramar, Mar del Plata, Puerto Madryn, Ushuaia, Esquel y tantas ciudades más saben muy bien que dejar entrar a los monopolios del petróleo es hambre, miseria, despojo y contaminación para hoy y mañana. El pueblo sabe muy bien que no puede creer ni confiar en las promesas de trabajo ni en los cantos de sirenas de las empresas y el gobierno acerca de los beneficios de la industria petrolera. Saben que la contaminación y la destrucción de los recursos naturales son realidades concretas y lo saben porque lo padecen los pobladores de Allen, capital del fracking y Vaca Muerta, y los productores del Alto Valle de Río Negro o los puesteros de Jáchal o Catamarca cuando se asentó la minería a cielo abierto. Saben que el modelo productivo de la pesca y el turismo que los pobladores de la costa defienden a capa y espada es incompatible con el lobby petrolero pues éste destruye a las economías regionales. Los vecinos tienen conciencia de que en los territorios como Santa Cruz donde manda la Shell, Chrevron e YPF no hay mejoras económicas para el pueblo sino al contrario: crece la marginación y la pobreza, al tiempo que aumentan la trata de personas, la prostitución y el narcotráfico.

Por otro lado, la masividad de las movilizaciones de los habitantes de los pueblos costeros contra la instalación del negocio petrolero reviste un carácter “ambiental” pero también refleja de una manera no muy clara la oposición y resistencia de nuestro pueblo a pagarle al FMI a costa de la entrega de nuestros recursos, tal como sucedió en Mendoza en 2019, en Chubut en 2021. El atlanticazo es un ejemplo de que el pueblo organizado y en las calles frustra los planes del gobierno de la clase dominante.